A partir del 25 de julio de 2010 hay nuevas necesidades documentales para las operaciones vinculadas (básicamente aquellas entre la empresa y sus socios o entre empresas del mismo grupo). Esas operaciones tienen que estar valoradas a precio de mercado y justificadas documentalmente por el propio contribuyente (a diferencia de lo que pasaba antes que era la administración quien debía comprobar la veracidad de lo alegado).
Las obligaciones documentales son para todos aunque menores para pymes de reducida dimensión y los autónomos que no residan en paraísos fiscales siempre que las operaciones en cuestión sean inferiores a 100.000 euros. Esta necesidad de mayor aporte documental está haciendo las delicias de asesores, gestores y consultoras en la medida que prácticamente duplicarán los gastos que cobran por sus servicios a las empresas (a las sociedades sobre todo).
