El Gobierno ha aprobado hace unos días en Consejo de Ministros el anteproyecto de ley que permitirá a los autónomos cobrar una prestación por cese de su actividad. Los autónomos que puedan justificar un cese de actividad involuntario, esto es, haber perdido el 40% o más de su negocio, podrán cobrar hasta seis meses de paro (9 si son mayores de 60 años). El monto oscila entre los 583 euros y los 1.383 euros mensuales.

Los autónomos que quieran tener acceso a esta prestación cotizarán un 1,5% adicional. Para acceder a ella, deberán cotizar por accidentes de trabajo y enfermedades, algo que es obligatorio para autónomos dependientes (donde un cliente representa el 75% de sus ingresos) y los que se emplean en sectores de riesgo.

Como buen país en el que nunca llueva a gusto de todos hay argumentos y reacciones de todos los colores. Entre otras son las siguientes:

• La medida es “contributiva, sostenible y voluntaria”.
• La duración de la prestación es insuficiente. Por otra parte no tiene en cuenta la morosidad como factor para acceder a la prestación.
• No hay derecho a que se forren cuando la empresa va bien y a que reciban ayudas cuando todo va mal.

Una ha sido afirmada por un trabajador por cuenta propia, otra por un político y otra por un trabajador por cuenta ajena. No hace falta ser un lumbrera para saber a quien pertenece cada una, ¿verdad?

Personalmente opino que el régimen de autónomos necesita una buena reforma. No era ni es justo que, por ejemplo, un fontanero, un empresario y un escritor estén en el mismo saco pues son muy diferentes sus ramas de actividad y, sobre todo, sus ingresos.

Vía | elpais
Imagen | cecale

Ser autónomo dependiente (a grosso modo son aquellos que perciben el 75% de ingresos de una sola empresa) tiene sus ventajas frente a los normales que son:

• Derecho a percibir seguro de desempleo en caso de cese de la actividad.
• La ley obliga a las empresas a firmar un contrato en el que se fijen las condiciones de trabajo.
• En caso de pleitos, el autónomo puede acudir a los juzgados de lo social.
• En caso de rescisión laboral, los TRADE pueden recibir una indemnización de la empresa para la que trabajan, establecida en el contrato o estimada por un juez o un árbitro.
• Tienen derecho a vacaciones de 18 días hábiles.
• Menor pago a la Seguridad Social para los menores de 30 años, así como para los vendedores ambulantes o los autónomos que realicen múltiples actividades.
• Permiso de maternidad sin necesidad del periodo mínimo de cotización de 180 días.

Pero, obligatoriamente  (ya sea por parte del cliente o el autónomo) hay que formalizar la existencia de esta relación  en el INEM y hacer constar como mínimo:

• La identificación de las partes que lo conciertan.
• La precisión de los elementos que configuran la condición de económicamente dependiente del trabajador autónomo respecto del cliente.
• El objeto y causa del contrato, precisando para ello, en todo caso, el contenido de la prestación del trabajador autónomo económicamente dependiente, que asumirá el riesgo y ventura de la actividad y la determinación de la contraprestación económica asumida por el cliente en función del resultado, incluida, en su caso, la periodicidad y el modo de ambas prestaciones.
• El régimen de la interrupción anual de la actividad, del descanso semanal y de los festivos, así como la duración máxima de la jornada de la actividad, incluyendo su distribución semanal si ésta se computa por mes o año.
• El acuerdo de interés profesional que, en su caso, sea de aplicación, siempre que el trabajador autónomo económicamente dependiente dé su conformidad de forma expresa.
• El mecanismo de registro puede ser de manera presencial en las oficinas del INEM o de manera telemática.

En la práctica se trata de un contrato tipo a suscribir entre las partes y que podemos descargar aquí gracias a los buenos oficios de Remo en pymesyautonomos.

Vía | pymesyautonomos
Imagen | elblogdelcontable