Al hilo del movimiento 15M y las recientes elecciones ha vuelto a ponerse de actualidad uno de los cánceres de la democracia: el bipartidismo. Con esta interesante temática arranca mi libro Homo Economicus así que me he permitido extractarlo para que quede clara esta cuestión y se entienda la indignación del 15M con una cuestión latente que, en mi opinión, es sorprendente que haya tardado tanto en salir en titulares. Que conste que aunque Homo Economicus lleva en la calle desde el 12 de abril no me siento responsable de haber alentado esta propuesta en el movimiento 15M. Es un hecho conocido y sabido que desde hace ¡más de 25 años! los partidos mayoritarios evitaron cambiar la ley para no favorecer al tercero en discordia, Izquierda Unida, formación política que desde entonces no ha hecho sino perder votos y es que los electores, ante la falta de efectividad de votarles, optó por el llamado voto útil.
Empecemos por el principio. El reparto de escaños en cada circunscripción española – que es la provincia – se hace mediante la Ley D’Hont, un método matemático que reparte los escaños en proporción al número de votos que haya recibido cada lista. La Ley D’Hont es de uso muy extendido; por citar algunos países se utiliza en Argentina, Bélgica, Suiza, Francia, Portugal, Países Bajos, Turquía o Japón. El sistema en sí no es del todo injusto, pero genera una importante distorsión de la voluntad popular cuando la población está repartida de manera desigual, como sucede en el caso de España, en donde la población se concentra en unas pocas provincias grandes. Esto propicia que un número reducido de partidos acapare los escasos escaños en juego en las provincias medianas o pequeñas. Concretamente, en España veintisiete provincias medianas o pequeñas dan acceso a 3, 4 ó 5 representantes en el parlamento sumando entre ellas el 31% del total de escaños. Además, en el caso del sistema electoral español se quedan sin representación aquellas candidaturas que no alcancen el 3% del total de votos de la circunscripción en que compiten. Este listón electoral mínimo es la explicación de que los votos blancos favorezcan a los grandes partidos: estos votos se agregan al total para determinar cuál es el 3% mínimo. Por otra parte cuantos menos representantes se pueden elegir en una provincia menos proporcional resulta el reparto de escaños. Un ejemplo que ilustra a la perfección esta falta de proporcionalidad se produce en las circunscripciones que eligen a un único representante (Ceuta y Melilla), en donde la lista más votada se lleva el ciento por ciento de los representantes mientras que la segunda, aunque haya quedado diez votos por debajo, no obtiene ninguno. Otros datos de las elecciones generales de 2008 son suficientemente ilustrativos:
Para este sencillo análisis he elegido dos de las circunscripciones más pequeñas en número de habitantes –Teruel y Soria–, dos medianas –Badajoz y Murcia– y las dos más grandes –Barcelona y Madrid–. Se observa claramente que cuanto más grande es una circunscripción en número de electores, menos vale un voto: es mucho más difícil conseguir un escaño en Barcelona que en Teruel. ¿Un hombre, un voto? No es cierto. Las cifras son incontestables: un turolense o un soriano valen tres veces y pico más que un madrileño o un barcelonés. ¿No es sorprendente? En las elecciones generales votamos al Gobierno del conjunto de la nación, responsable de tomar decisiones que nos afectan a todos por igual; y, pese a ello, a la hora de elegir a los miembros de ese Gobierno tienen mucho más peso un soriano o un turolense que un madrileño o un barcelonés.
El voto útil
Si la circunscripción electoral fuera una única provincia llamada España – parece lógico ¿no? a fin de cuentas se elige el gobierno de España -, bastarían algo más de 70 000 votos entre 25,5 millones –población que en unas generales representa el 75 por ciento de participación sobre un censo de 34 millones de electores– para conseguir un representante en el Congreso. Sin embargo, como los representantes se asignan provincialmente, esos mismos 70000 votos diseminados entre diferentes provincias quedan perdidos por el camino. Así, puesto que los ciudadanos son conscientes de que sólo las listas más votadas tienen oportunidad reales de conseguir representación parlamentaria, el sistema electoral termina alentando el denominado voto útil hacia los partidos mayoritarios. Los electores economicus hacen gala de racionalidad y, para que su implicación en el proceso democrático sea real, desvían a los grandes unos votos que inicialmente irían a partidos pequeños. Al votar a los mayoritarios saben que, por lo menos, están votando al Gobierno o a la oposición y no a formaciones que se quedarán sin representación parlamentaria. Existen otros sistemas de asignación proporcional que ofrecen una mejor representatividad entre votos recibidos y candidatos elegidos. Es el caso del Cociente Droop, método que abre el arco parlamentario a las formaciones más pequeñas. ¿No le parece interesante que en una democracia los partidos minoritarios tengan uno o dos escaños para que puedan oírse sus ideas? Puede parecernos interesante a los ciudadanos, pero no tanto a las grandes formaciones políticas. El Cociente Droop no es tan popular como la Ley D’Hont aunque, entre otros países, lo utilizan Australia, Irlanda o Malta.
La rentabilidad de los votos
En España la ley electoral es una ley orgánica. Al tratarse de una materia con el máximo rango de protección requiere de una mayoría absoluta para ser modificada. Sin entrar en detalles sobre los votos necesarios para enmendar una ley con estas características, la reforma requería del apoyo de por lo menos uno de los partidos mayoritarios. Como si de un cártel empresarial se tratara, el bipartidismo coopera tácitamente para perpetuarse en el poder. Pero no todo son mieles. El sistema electoral convierte a los partidos mayoritarios en rehenes de los minoritarios en el caso de que no tengan mayoría absoluta para gobernar. En el caso de España esos partidos bisagra son los regionalistas o nacionalistas, los cuales consiguen gran representación dentro de sus provincias porque abogan por programas centrados en sus propios territorios. Mientras tanto, los partidos nacionales y mayoritarios se acusan mutuamente de romper la unidad de España por las numerosas concesiones que tienen que hacer a los bisagra para alcanzar y mantenerse en el poder. Y los ciudadanos no podemos hacer nada. Ni siquiera reunir firmas para impulsar una iniciativa legislativa popular, porque no puede utilizarse para modificar la Constitución ni leyes orgánicas como la electoral. Y aunque pudiera utilizarse la iniciativa legislativa popular, no sería vinculante, puesto que no hay obligación de aprobarla o discutirla en el Congreso de Diputados. ¿Quieren saber qué formación política lleva más de dos décadas solicitando una modificación de la ley electoral? No tienen más que fijarse en la más perjudicada de la tabla que les anexo.
Fuente | Extractado de Democracia descafeinada, primer capítulo de Homo Economicus
« Los políticos se han apropiado de la economía | La Revolución Islandesa »
Pues a mí no me parece tan malo el tsunami bipartidista:
http://www.ingenioconsaboralaca.com/2011/05/movidas-electorales.html
Malo que siempre gobiernen los mismos? Malo que las listas no sean abiertas? Malo que no reformen la ley electoral para que no puedan surgir formaciones a nivel estatal aunque sí autonómico? Aún dando por bueno que Bildu no debería haber estado en las elecciones vascas yo hablo de lo que sucede en España para las generales.