El pasado 13 de enero, el Ministro de Trabajo Celestino Corbacho, declaró que la economía sumergida, como tal, no es posible de cuantificar, pero que se calcula que está situada entre el 16% y el 20% del Producto Interior Bruto del pais. Esto es, que 1 de cada 5 euros que se mueven en España, se hacen a través de la economía sumergida. Esto representa más de 10 puntos por encima de la media de las principales economías de la UE y nos situa como segundo pais de la Unión en este aspecto, detrás de Grecia.
La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda manifiesta que en el 2009 se han recaudado 50.000 millones de euros menos por IVA e Impuesto de Sociedades que en 2007. El año pasado el PIB caía en un 3,6% y el consumo (que es lo que grava el IVA) sólo un 1%. Evidentemente estas cifras indican que sí se sigue consumiendo pero es que la recaudación bajo un 30%. Es decir se recauda menos pero se consume casi lo mismo. Lógicamente, la diferencia entre un dato y otro es lo que se hunde bajo el agua.
Con todos estos datos en la mano, se estima que entre 2 millones y 2 millones y medio de parados que aparecen en las estadísticas de desempleo, realmente se encuentran dentro de la economía sumergida y, en cuanto a empresas, más de doscientas mil están fuera de control. Es evidente que en tiempos de crisis, el repunte de esta estadísticas es lógico. Pero entendámonos, si el paro fuera real y, realmente hubiera cuatro millones de parados, habría guerra. Sí, sí he dicho guerra porque estamos hablando de desocupación de población activa que mantiene a niños, estudiantes y pensionistas.
No obstante, ¿hasta donde es asumible un porcentaje tan alto de trabajo en negro? ¿puede el Estado dejar de recaudar todo lo que se pierde con esas prácticas con el déficit que tenemos actualmente?, y sobre todo, ¿qué se está haciendo para combatirlo?
Hasta ahora la mayor parte de los esfuerzos de los órganos de inspección del Ministerio de Hacienda se han centrado en el control de los que sí contribuyen. Aparentemente, es más sencillo inspeccionar y sancionar a los que contribuyen mal que a los que no contribuyen nada y quizás lo necesario sea un cambio en ese aspecto.
¿Sería posible una actuación del Estado orientado a la oficilialización de todo este subsistema económico? ¿Tendría cabida una regularización masiva de empresas y autónomos negros, como ocurrió con los trabajadores extranjeros sin permiso?
Vía | pymesyautonomos
Imagen | generoyeconomía
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