Algunas de las consecuencias de la crisis económica que vivimos van a ser una mejor regulación del sistema financiero, el reconocimiento del peso de los países emergentes, quizá el reforzamiento de la ayuda financiera internacional, una mayor coordinación de determinadas políticas económicas nacionales y, probablemente una aceleración del cambio en la relación de nuestro modelo económico con el medio ambiente. Y para todo ello se va a hacer uso de una institución de coordinación, el G20, que será el orientador de la acción pública en un mundo que progresa (con renglones torcidos a veces) gracias a la globalización.
En la primera reunión del G20 bastante se logró con acordar pautas de acción comunes en el refuerzo de las entidades financieras y en la aplicación de estímulos fiscales. Se evitó la tentación proteccionista, aunque posteriormente a Obama no le desagradaron algunas medidas de preferencia por la producción estadounidense. Pero algo había que firmar, claro está, y para eso nada más popular que un acuerdo para actuar contra los paraísos fiscales, en los que no está ni mucho menos el origen de la crisis financiera.
En la posterior reunión londinense, la principal resultante fue el compromiso de una nueva regulación financiera internacional, y una mejor supervisión de entidades y de productos financieros. Se le asignó al FMI un papel decisivo, aumentando su capacidad de préstamos, y se adquirió el compromiso de ofrecer mayores cuotas de poder a los grandes países emergentes. Todo ello dentro de un plan coordinado de reactivación económica de una envergadura sin precedentes.
En la última reunión, celebrada la semana pasada, parece como si hubiera remitido la angustia de las reuniones precedentes, puesto que algunos países tienen ya fundadas expectativas de inicio de la recuperación. Se ha avanzado en propuestas previamente dibujadas, como la nueva regulación financiera y la exigencia de una mayor capitalización bancaria, aunque se deje para 2012, lo que implícitamente viene a reconocer que no era muy acertado un modelo de reserva fraccionaria muy limitada permanentemente auxiliado por la facilidades de liquidez en los bancos centrales. Fue útil para animar el crecimiento del consumo y de la inversión -los Gobiernos encantados- pero en realidad era insostenible, como lo prueba el enorme impacto que causaron menos de 200.000 millones de dólares en hipotecas subprime. Además se mantiene una vigilancia estrecha sobre la evolución de la crisis.
Pero lo más llamativo, y lo que probablemente quedará de este reunión, es que el G20 también tuvo tiempo para constituirse en comité de salarios y ha orientado una ordenación de los incentivos (bonus) a los empleados de la banca, queriendo vincularlos con resultados positivos reales para las entidades. Las consecuencias de un mal diseño de los incentivos son bien conocidas y se han debatido mucho desde los años de los escándalos corporativos y de la famosa pamema de la “creación de valor para el accionista”. Las reflexiones de entonces son exactamente las mismas que se están haciendo ahora para el sector financiero.
Pero, ¿por qué actúan los gobiernos cuando debería ser una exigencia de los accionistas? Quizá porque gracias a la ayuda pública no se le van a trasladar al accionista, salvo excepciones, todas las consecuencias de las malas prácticas retributivas o el diseño y venta de productos financieros deficientes y aún de las malas decisiones de crédito.
En definitiva, que los mercados siguen yendo por un lado y la realidad por otra. Mientras ello ocurra no se podrán evitar nuevas crisis.
Vía | diariodesevilla
Imagen | oit
